lunes, 30 de mayo de 2016

Separación Iglesia-Estado para borderlines

En mi pueblo, se han puesto de acuerdo la mayoría de concejales para protestar institucionalmente por lo que ha dicho en su lugar de trabajo, un delegado provincial de una organización que dirige un tío empadronado en el Vaticano y que trabaja de portavoz de un ser mágico que vive en el Espacio.

Se ve que el director de esa franquicia provincial ha dicho a sus seguidores en una concentración ritual, que sólo el modelo de familia que defiende el Hombre del Espacio en el que creen es el correcto, y que los otros modelos que no son los que dicta ese ser supranatural a través de sus siervos ordenados en su ciudad santa, son inválidos para dicha criatura y sus mortales seguidores.

Mi pregunta es la siguiente:

¿Qué pretenden conseguir utilizando las instituciones para protestar contra el mensaje que ha comunicado este religioso a sus prosélitos?

A ¿Que no pueden defender su modelo de familia en sus lugares de reunión?

B ¿Que ese clérigo tiene que adaptar su discurso de modelo de familia a la realidad social al margen de lo que diga el Hombre del Espacio?

C ¿O que tiene que hablar con dicho ser supranatural para que actualice otra vez el sistema de valores que promueve, por lo menos en la Diócesis (franquicia) que dirige esa persona en Valencia?

Si estos políticos defendieran la separación Religión/es-Estado, (conocida como Iglesia-Estado, por ser el Catolicismo Romano la religión más extendida) no habrían utilizado un ayuntamiento para protestar por lo que dice o deja de decir un señor que afirma transformar pan y vino en el cuerpo y la sangre del hijo de su Dios que murió en el siglo primero.

Habrían protestado a nivel individual o de partido tras denunciar por la vía judicial al cabecilla religioso en cuestión, para que sea un juez quien, en el caso de que hubiera vulnerado la ley, aplique la sanción adecuada a ese iluminado.

Si desde las instituciones del Estado pretendemos adaptar los discursos religiosos a la realidad social, luego no nos quejemos que desde las organizaciones religiosas traten de influir en las competencias del Estado (Educación, Sanidad, Cultura, Hacienda, Defensa, Jefatura del Estado etc.) para mantener sus chiringuitos.

El único deber de cualquier ciudadano sea un taxista ateo, una carnicera vegana o un arzobispo católico es cumplir la ley y el Estado debe utilizar su monopolio de la violencia legal para que las leyes se cumplan.

Esto último es defender la Separación Iglesia-Estado y el propio laicismo institucional; lo contrario es hacer de los gerifaltes de los chiringuitos montados alrededor de los diferentes hombres espaciales y seres mágicos, interlocutores válidos del Estado con sus criaturas imaginarias.


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